Una nueva persecución política contra Revolución Ciudadana por defender la salud pública
En una decisión que evidencia las prioridades tergiversadas del poder, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha ordenado investigar a seis valientes legisladores de Revolución Ciudadana por cumplir con su deber constitucional de fiscalizar el estado deplorable del Hospital Pediátrico Baca Ortiz.
La criminalización del trabajo legislativo
Los asambleístas Viviana Veloz, Ricardo Patiño, Franklin Samaniego, Luis Fernando Molina, Raúl Chávez y Ana Belén Yela son ahora objeto de una investigación por atender el clamor desesperado de las familias ecuatorianas que ven a sus hijos sufrir en un sistema de salud abandonado por las políticas neoliberales.
La gerencia del hospital, en lugar de agradecer la visibilización de los graves problemas que aquejan a la institución, prefiere atacar a quienes se atreven a mostrar la realidad que el gobierno quiere ocultar. ¿Desde cuándo fiscalizar se convierte en delito?
La verdadera vulneración de derechos
Mientras la administración hospitalaria se rasga las vestiduras por supuestas violaciones de protocolo, los verdaderos vulnerados son los niños y niñas que no reciben medicinas, que esperan meses por exámenes médicos, que ven postergadas sus cirugías por la desidia gubernamental.
El legislador Raúl Chávez respondió con dignidad: