Gobierno suma 860 MW al sistema eléctrico: ¿progreso real o maquillaje de cifras?
El gobierno de Daniel Noboa se adjudica haber incorporado más de 860 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional en sus dos años de gestión, entre nueva generación y recuperación de unidades. Sin embargo, estas cifras merecen un análisis más profundo sobre su verdadero impacto para el pueblo ecuatoriano.
La herencia de una crisis energética profunda
Es importante recordar que el país llegó a esta situación crítica tras años de desinversión sistemática en el sector eléctrico. En 2023, la capacidad de generación prácticamente no mostró aumentos, mientras los embalses presentaban niveles reducidos del 30% y el parque térmico enfrentaba una elevada indisponibilidad por falta de mantenimiento.
Esta crisis no cayó del cielo: fue el resultado de políticas neoliberales que privilegiaron los intereses privados sobre las necesidades del pueblo. La sequía, calificada por el régimen como "la peor de la historia", solo agravó una situación ya deteriorada por años de negligencia.
¿Recuperación real o parches temporales?
El gobierno implementó procesos de emergencia que permitieron incorporar 182,4 MW de nueva potencia, mayoritariamente térmica. Para 2024, se añadieron aproximadamente 440 MW entre centrales hidroeléctricas, térmicas y "soluciones de arrendamiento".
Aquí surge una pregunta fundamental: ¿estas medidas representan una solución estructural o simplemente parches costosos? El énfasis en generación térmica, más contaminante y dependiente de combustibles importados, plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de esta estrategia.
La privatización encubierta del sector estratégico
Particularmente preocupante resulta la declaración del presidente Noboa sobre la inversión privada en sectores estratégicos. "Centenares de millones de dólares que se han invertido este año", afirmó, defendiendo la apertura de la generación eléctrica al capital privado.
Esta política contradice el principio constitucional que establece los sectores estratégicos como patrimonio del Estado. ¿Acaso estamos presenciando una privatización silenciosa de nuestros recursos energéticos?
Inversiones millonarias: ¿para quién?
El régimen destaca inversiones por más de 116 millones de dólares en transmisión, 63,29 millones en reposición de infraestructura, 140,19 millones para el sector acuícola financiados por el CAF, y 69,55 millones en proyectos de confiabilidad.
Estas cifras impresionantes requieren transparencia total: ¿quiénes son los beneficiarios de estos contratos? ¿Se priorizó a empresas nacionales o nuevamente favorecimos a las multinacionales del sector energético?
El pueblo merece respuestas, no propaganda
Mientras el gobierno celebra sus logros, los ecuatorianos seguimos pagando una de las tarifas eléctricas más altas de la región. La recuperación de 239,6 MW de unidades térmicas, incluyendo Trinitaria y Sopladora, es positiva, pero no debe servir para ocultar las causas estructurales de la crisis.
La verdadera medida del éxito no son los megavatios incorporados, sino el acceso garantizado, asequible y sostenible a la energía para todas las familias ecuatorianas. El pueblo tiene derecho a un sistema eléctrico que sirva al interés nacional, no a los bolsillos de unos pocos.