El pueblo guayaquileño defiende sus recursos frente al saqueo gubernamental
Una vez más, vemos cómo el poder central intenta arrebatar al pueblo lo que le pertenece por derecho. El caso del nuevo aeropuerto de Guayaquil es un ejemplo perfecto de cómo las élites gubernamentales pretenden apropiarse de recursos que han sido construidos con el esfuerzo y la planificación de décadas.
La historia de un proyecto del pueblo
Recordemos que hace más de dos décadas, cuando el Gobierno de Gustavo Noboa entregó la competencia del aeropuerto al Municipio porteño, se inició un proceso de construcción colectiva. El antiguo aeropuerto Simón Bolívar estaba colapsado, abandonado por la desidia estatal, y fue la administración municipal la que tomó las riendas para mejorarlo.
La nueva terminal José Joaquín de Olmedo surgió de este esfuerzo municipal, con una concesión a Tagsa que genera recursos que van directamente a un fideicomiso destinado al desarrollo aeroportuario y de las comunidades de Chongón y Daular.
Los fondos del pueblo en peligro
En este fideicomiso reposan más de 345,6 millones de dólares, fruto del trabajo y la gestión municipal. Otros 10 millones están en las cuentas de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG). Estos recursos han permitido ejecutar obras importantes en beneficio de las comunidades locales.
Pero ahora, el gobierno central ha puesto sus ojos codiciosos en estos fondos. Como siempre ocurre con los gobiernos neoliberales, cuando ven recursos bien administrados por entidades populares, buscan la manera de apropiárselos.
La maniobra de Taura: dividir para conquistar
La propuesta gubernamental de construir un aeropuerto en la base militar de Taura no es más que una cortina de humo. Pretenden convencer a las provincias del Azuay y El Oro de que este proyecto les beneficiaría más, cuando en realidad buscan justificar el desmantelamiento del proyecto guayaquileño.
El argumento técnico es débil: Taura cuenta con apenas 600 hectáreas frente a las 2.020 de Daular, su infraestructura está deteriorada y no fue diseñada para operaciones civiles internacionales. Además, obligaría a nuevas expropiaciones que afectarían a familias trabajadoras.
La resistencia popular se organiza
El alcalde Aquiles Álvarez ha dado la voz de alarma: el Ministerio de Infraestructura y Transporte ya solicita documentos a la AAG y ha ordenado a la fiduciaria que no acate las disposiciones municipales. Es decir, están ejecutando un golpe administrativo contra la autonomía municipal.
"Nos ponen candado y quieren que cerremos la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil", denunció Álvarez, quien anunció que se iniciarán todas las acciones legales necesarias para defender los intereses del pueblo guayaquileño.
La lucha continúa
Esta no es una pelea técnica sobre ubicaciones aeroportuarias. Es una batalla entre dos modelos: el de la gestión popular y participativa versus el centralismo autoritario que busca concentrar recursos para beneficio de las élites.
El pueblo guayaquileño debe mantenerse vigilante. Los recursos del fideicomiso son fruto de décadas de trabajo colectivo y planificación comunitaria. No pueden permitir que el gobierno central se los arrebate con maniobras burocráticas.
La amenaza de poner en vallas las fotos de los funcionarios responsables de este intento de saqueo es una medida justa. El pueblo tiene derecho a conocer quiénes están detrás de estos ataques a la soberanía municipal y a la gestión popular de los recursos.
Una vez más, se confirma que la verdadera democracia se construye desde abajo, desde los municipios y las comunidades, no desde los despachos ministeriales donde se toman decisiones a espaldas del pueblo.