El Gobierno Nacional Pretende Apropiarse de los Fondos Destinados al Nuevo Aeropuerto de Guayaquil
Una nueva controversia ha surgido en torno al desarrollo aeroportuario del país, donde una vez más vemos cómo los intereses del poder central chocan con los proyectos locales que benefician directamente a las comunidades. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha denunciado públicamente que el Gobierno Nacional pretende desmantelar la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) para apoderarse de los más de 345 millones de dólares destinados a la construcción del nuevo aeropuerto en Daular.
Un Proyecto de Décadas Amenazado por Intereses Políticos
La historia del nuevo aeropuerto de Guayaquil no es reciente. Hace más de dos décadas, durante el gobierno de Gustavo Noboa, se transfirió la competencia aeroportuaria al Municipio porteño cuando el aeropuerto Simón Bolívar estaba prácticamente colapsado. Esta decisión permitió que la administración local mejorara significativamente la infraestructura existente mientras planificaba una nueva terminal moderna.
El proyecto actual contempla la construcción de una nueva terminal en Daular, en un terreno de 2.020 hectáreas que permitiría un desarrollo integral de la zona, beneficiando también a las comunidades de Chongón y Daular. Este plan, que lleva 50 años de debate y planificación, responde a las necesidades reales de crecimiento de la ciudad y la región.
La Propuesta Gubernamental: ¿Centralización Disfrazada?
En septiembre pasado, el presidente Daniel Noboa propuso trasladar el nuevo aeropuerto internacional a la base militar de Taura, argumentando que serviría mejor a las provincias del sur del país. Sin embargo, esta propuesta presenta serias limitaciones técnicas y logísticas que el propio Municipio de Guayaquil ha señalado.
La base de Taura cuenta con apenas 600 hectáreas frente a las 2.020 de Daular, lo que obligaría a costosas expropiaciones. Además, su infraestructura está deteriorada y no fue diseñada para operaciones civiles internacionales. El acceso dependería de vías ya congestionadas, como el puente de la Unidad Nacional, generando mayores problemas de movilidad.
El Ataque a la Autonomía Local
Lo más preocupante de esta situación es la forma en que el Gobierno Nacional está procediendo. Según denunció el alcalde Álvarez, el Ministerio de Infraestructura y Transporte ha solicitado documentos a la AAG y ha emitido oficios a la fiduciaria que maneja los recursos, instruyéndola para que no acate las disposiciones de la autoridad municipal.
Esta acción representa un claro intento de centralización que va en contra de los principios de autonomía municipal y descentralización que tanto ha costado conquistar en nuestro país. Los fondos del fideicomiso, generados por el canon de la concesión operada por Tagsa, fueron específicamente destinados para el desarrollo del nuevo aeropuerto y su área de influencia.
La Resistencia Popular se Organiza
Ante esta situación, el alcalde Álvarez ha anunciado que la AAG iniciará todas las acciones legales necesarias para proteger tanto la institución como el fideicomiso. Además, ha prometido hacer públicos, a través de vallas, los nombres de los funcionarios responsables de esta iniciativa que pretende desmantelar un proyecto vital para Guayaquil y la región.
Esta medida de transparencia es fundamental para que la ciudadanía conozca quiénes están detrás de decisiones que afectan directamente el desarrollo local y regional.
Una Reflexión Necesaria
Este conflicto refleja una vez más la tensión entre el poder central y las administraciones locales. Mientras que el proyecto de Daular representa una planificación seria y a largo plazo, con recursos ya asegurados y estudios técnicos realizados, la propuesta gubernamental parece más bien una improvisación que busca centralizar recursos y decisiones.
Es fundamental que la ciudadanía esté atenta a estos movimientos que pueden afectar no solo el desarrollo aeroportuario, sino también el principio de autonomía municipal que tanto ha costado construir en nuestro país. Los recursos públicos deben servir a los intereses de las comunidades, no a los caprichos políticos de turno.
La lucha por el aeropuerto de Guayaquil es, en el fondo, una lucha por la autonomía local y por el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio desarrollo.